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NUEVA YORK (AP) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el viernes que su junta ejecutiva aprobó el acuerdo al que el organismo llegó recientemente con el gobierno de Argentina para refinanciar una deuda de unos 45.000 millones de dólares y evitar un cese de pagos.
A través de un comunicado, el FMI dijo que la junta aprobó el acuerdo a través del cual Argentina recibirá desembolsos del organismo para hacer frente a sus obligaciones durante 30 meses. La decisión de la junta permitirá un desembolso inmediato de 9.000 millones de dólares, señaló el comunicado.
El visto bueno de la junta era el último paso para que el acuerdo esté plenamente vigente. La deuda a cancelar corresponde al préstamo que le otorgó el FMI en 2018 al gobierno del conservador Mauricio Macri por un monto original de 57.000 millones de dólares, el más alto en la historia del organismo crediticio.
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En el comunicado del viernes, Kristalina Georgieva, directora del FMI, avisó que un “fuerte consenso político y social” en Argentina “es clave para mantener la implementación de la agenda de reformas, incluso a medio plazo, lo que resulta esencial para enfrentar las vulnerabilidades del país.”
También dijo en el comunicado que “los riesgos” del plan son “excepcionalmente altos” y que los efectos de la guerra en Ucrania “ya se están materializando.”
El denominado “Acuerdo de Facilidades Extendidas” alcanzó el rango de ley la semana pasada con 56 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones en el Senado argentino. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
De esta forma el país sudamericano evita un cese de pagos, pero al costo de una fractura tal vez insalvable entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien ha cuestionado los términos de la negociación con el FMI.
El presidente sostiene que este acuerdo es un mal menor comparado con la dificultades que hubiera enfrentado Argentina en caso de una cesación de pagos. Destaca además que no contempla reforma laboral ni del sistema de pensiones.
La vicepresidenta, en cambio, rechaza la injerencia que tendrá el organismo sobre el rumbo de la política económica ya que una misión del mismo visitará el país cada tres meses para revisar la marcha del acuerdo.
