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WASHINGTON (AP) — Los demócratas reaccionaron con furia agraviada cuando se reveló que el expresidente Donald Trump poseía documentos con sellos de confidencialidad que deberían haber sido entregados al gobierno cuando dejó el cargo. Después, cuando surgieron las revelaciones de que el presidente Joe Biden también manejó inadecuadamente varios documentos secretos se desencadenó un estruendo republicano de “bueno, ¿y ahora qué con esto?”.
Ahora, con otro descubrimiento de documentos reservados, esta vez en la casa del vicepresidente de Trump, Mike Pence, el señalamiento partidista parece fundirse en un coro de frustraciones tanto de demócratas como de republicanos.
Ahora parece que los máximos secretos de Estados Unidos no están necesariamente a salvo con los funcionarios más altos. No cuando estuvieron en manos de Trump, que desdeña las reglas y las costumbres del gobierno, y tampoco en manos de Biden y Pence, pese a que las suscriben.
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“¿Qué diablos está pasando aquí?”, preguntó el senador por Florida Marco Rubio, principal republicano en la Comisión de Inteligencia del Senado, cuando se le preguntó sobre el caso de Pence.
“Obviamente, hay un problema sistémico en el poder ejecutivo”, agregó Rubio. “Estamos hablando de dos gobiernos sucesivos de dos partidos diferentes, con funcionarios de alto nivel que tienen en su poder documentos en lugares que no les corresponden”.
El presidente demócrata de ese panel, el senador por Virginia Mark Warner, dio un consejo severo a todos los expresidentes y futuros presidentes, independientemente de su partido: “Revisen sus armarios”.
La última revelación provino del abogado de Pence, Greg Jacob, quien le informó a la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés, el lugar apropiado para tal material) que se encontraron documentos confidenciales en la casa de Pence en Indiana la semana pasada.
Jacob precisó que una cantidad aparentemente pequeña de papeles fueron embalados y transportados inadvertidamente a la casa de Pence al concluir el gobierno de Trump. Los documentos salieron a la luz cuando Pence, impulsado por los descubrimientos en la casa de Biden y en las oficinas de los asesores de campañas presidenciales, le pidió a sus abogados que vieran si él tenía algo también.
Ya hay fiscales especiales que están investigando los casos de Trump y Biden. En los tres casos, no se conoce públicamente la importancia del material reservado ni si su manejo inadecuado violó la seguridad nacional, pero está claro que algunos de los documentos recuperados en la finca de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, eran ultrasecretos.
Trump, un republicano, tomó como una afrenta que el gobierno de su sucesor fuera a registrar las habitaciones de su propiedad a fin de buscar material con sellos de confidencialidad que se suponía que no debía tener —a pesar de que luchó durante meses contra los esfuerzos para recuperarlos— y el gobierno se vio obligado a emitir una citación para obtenerlos. En contraste, los asistentes del demócrata Biden dicen que cooperaron rápida y plenamente cuando se encontró material reservado en una antigua oficina del actual presidente en Washington, aunque esperaron meses para hacer público lo que había sucedido.
En la Cámara de Representantes, ahora controlada por los republicanos, el representante Mike Turner —republicano por Ohio y candidato a encabezar la Comisión de Inteligencia— aseguró que solicitará la misma revisión de inteligencia y evaluación de daños en el caso de Pence y que solicitó en los casos anteriores.
“Es un asunto grave que cualquier funcionario del gobierno maneje inapropiadamente documentos clasificados”, agregó Turner.
El manejo descuidado de información protegida por parte de altos cargos se volvió un tema políticamente cargado durante la contienda presidencial de 2016, cuando Hillary Clinton, la candidata demócrata, fue investigada por sus prácticas poco rigurosas con el correo electrónico mientras era secretaria de Estado.
El entonces jefe del FBI, James Comey, concluyó que ella y sus ayudantes fueron “extremadamente descuidados en el manejo de información muy confidencial y altamente clasificada”. Recomendó no enjuiciarlos penalmente, tras considerar que no lo hicieron deliberadamente.
El enorme y complicado gobierno de Estados Unidos tiene un montón de personas que pueden tener acceso al menos a algunos secretos y se supone que deben mantenerlos en secreto. Alrededor de 1,25 millones tenían autorización de acceso a secretos máximos en 2019, según un informe gubernamental.
No son raras las filtraciones a los medios de información confidencial, pero los legisladores de ambos partidos han denunciado que algo está muy mal en el sistema que resguarda los secretos nacionales cuando a un presidente, un expresidente y un exvicepresidente se les hallan documentos que no les corresponden.
“No creo que hubiera ‘motivos siniestros’ con respecto al manejo de información reservada por parte del presidente Biden, el expresidente Trump o el exvicepresidente Pence”, tuiteó el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur. “Tenemos un problema de información secreta que debe solucionarse”.
Ron Wyden, senador demócrata y alto miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que él y el senador republicano Jerry Moran han estado trabajando durante años en una revisión del sistema que resguarda los secretos nacionales, al que calificó de un “desastre averiado”.
“El sistema en general está en un punto en el que hay tantas cosas por ahí que es difícil determinar qué debe mantenerse en secreto, y luego es difícil determinar qué debe desclasificarse”, agregó Wyden.
La directora de inteligencia nacional, Avril Haines, ya “ha comenzado esa tarea, por primera vez en años y años, trabajando de manera bipartidista en esto”, añadió Wyden. “Creo que ella dio un paso valiente”.
“Tal vez es tan simple como la manera en la que están empacando cajas”, reflexionó Rubio. “Conozco los procesos que tenemos para salvaguardar dicho material a nivel legislativo, pero necesitamos tener una mejor comprensión de cómo se maneja esto a nivel ejecutivo, y probablemente no sólo se limite a los presidentes y vicepresidentes, sino a los funcionarios principales y otros empleados del gobierno que tienen acceso a esto”.
Representantes de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, así como del vicepresidente de Bush, Dick Cheney, dijeron que no hubo casos de documentos reservados fuera de la custodia de los NARA después de sus mandatos.
Pero al menos varias veces al año, exfuncionarios de todos los niveles del gobierno descubren que tienen material con sellos de confidencialidad y lo entregan a las autoridades, reveló una persona familiarizada con el proceso, que habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada de los documentos secretos.
Esa persona agregó que en al menos una ocasión el expresidente Jimmy Carter encontró documentos delicados en su casa en Plains, Georgia, pero que los devolvió a los NARA. Sin embargo, los materiales de Carter le pertenecían legalmente porque no fue hasta después de su presidencia que la ley definió todos los registros presidenciales y vicepresidenciales como propiedad del gobierno de Estados Unidos.
Un exdirector de litigios de los NARA, Jason R. Baron, dijo que es posible que ocurran errores inocentes cuando un gobierno entrega el poder al siguiente, dada “la naturaleza apurada del personal que se prepara para una transición presidencial”.
“No me sorprende que documentos con marcas de confidencialidad se puedan encontrar mezclados con papeles personales en las casas de exfuncionarios del gobierno”, aseguró. Recomendó que se exija a los funcionarios salientes de los más altos niveles que sometan los documentos designados como “personales” a revisiones mucho más estrictas antes de que las cajas salgan de sus dependencias.
En el Capitolio, mientras tanto, queda cada vez más claro que el caso de Pence había reanudado el intercambio de culpas.
“Nadie está por encima de la ley”, declaró el senador republicano por Florida Rick Scott. “No sé cómo alguien termina con documentos confidenciales... O sea, todos los documentos clasificados que he visto tienen un gran letrero de ‘Clasificado’ en ellos”.
El senador republicano por Texas John Cornyn subrayó que los documentos secretos sólo se sacan de las oficinas de la comisión en bolsas bajo llave.
“En mi opinión, nunca debería permitirse sacar documentos confidenciales de una instalación protegida o por algún medio de transporte seguro entre esas instalaciones protegidas”, afirmó.
Wyden aseguró que en sus muchos años en el panel, siempre ha estado muy claro que no hay que sacar nada de la sala.
“Punto”, añadió. “Punto final”.
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Los periodistas de The Associated Press Kevin Freking, Zeke Miller y Nomaan Merchant contribuyeron para este reportaje.
