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Imputación a Trump: ¿Qué hay que saber sobre el caso de los documentos y qué sigue?

La imputación a Donald Trump por 37 cargos de mal manejo de documentos secretos en su mansión de Florida representa el riesgo jurídico más grave hasta el momento para él, menos de tres meses después de que fuera acusado en Nueva York de 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros contables.

A continuación presentamos un vistazo a los cargos, la investigación del fiscal especial y cómo el caso de Trump difiere de los de otros políticos que se sabe que estuvieron en posesión de documentos clasificados:

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¿CUÁLES SON LOS CARGOS?

Trump enfrenta 37 cargos relacionados con el mal manejo de documentos secretos, según la imputación desprecintada el viernes. Los cargos incluyen retener información clasificada, obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas, entre otros delitos.

Trump está acusado de guardar documentos relacionados con el “armamento nuclear en Estados Unidos” y las “capacidades nucleares de un país extranjero”, junto con documentos de sesiones informativas de inteligencia de la Casa Blanca, incluidos algunos que detallan las capacidades militares de Estados Unidos y otros países, según la imputación. Los fiscales alegaron que Trump mostró los textos a personas que no tenían autorizaciones de seguridad para revisarlos, y posteriormente trató de ocultárselos a sus propios abogados cuando ellos intentaron cumplir con las exigencias federales de encontrar y devolver documentos.

Los cargos principales conllevan una pena de hasta 20 años de prisión.

Después de dejar el cargo en 2021, el expresidente le mostró a alguien que trabajaba para su comité de acción política un mapa que detallaba una operación militar en un país extranjero, alegan los fiscales en el documento. En otra ocasión ese año, Trump le mostró a un escritor, a un editor y a dos de sus propios empleados —ninguno de los cuales tenía autorización de seguridad— un plan militar de ataque.

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¿CÓMO ESTÁ REACCIONANDO TRUMP?

Trump dijo el jueves en su red social Truth Social que su imputación era “un día oscuro para Estados Unidos de América”. En una publicación de video, dijo: “Soy inocente y lo demostraremos muy, muy sólidamente, y espero que muy rápidamente”. A los 20 minutos de dar la noticia, su campaña presidencial de 2024 envió una misiva de recaudación de fondos en la que solicita apoyo financiero.

El viernes hizo más publicaciones al respecto en redes sociales. Arremetió contra el fiscal especial que investigó el caso, buscó culpar al presidente Joe Biden, calificó la investigación de ser una “cacería de brujas” y declaró: “No tenía nada que ocultar y tampoco lo tengo ahora”.

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¿QUÉ OCURRIRÁ AHORA?

El Departamento de Justicia desprecintó la acusación el viernes, la primera vez que el departamento confirmó que Trump estaba siendo acusado de un delito. El fiscal especial Jack Smith, que incoó los cargos, hizo su primera declaración pública el viernes por la tarde, diciendo en comentarios breves a los periodistas en Washington que el país tiene “un conjunto de leyes y se aplican a todos”. Indicó que los fiscales buscarían un juicio rápido.

Está previsto que Trump comparezca ante un tribunal el martes en el sur de Florida. Por el momento no estaba claro cómo sería el procedimiento.

Cuando fue acusado por el fiscal de distrito de Manhattan en el caso de Nueva York, Trump se entregó a las autoridades, que lo ficharon a puerta cerrada y apareció en la sala del tribunal, sentado con sus abogados en la mesa de la defensa.

En un principio el caso de Florida le fue asignado a la jueza Aileen Cannon, a quien Trump nombró al tribunal y que previamente accedió a su solicitud de que un árbitro independiente revisara los documentos obtenidos durante un allanamiento del FBI en su mansión de Florida.

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¿CÓMO SURGIÓ ESTE CASO?

Funcionarios de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) se comunicaron con representantes de Trump en la primavera de 2021 cuando se dieron cuenta de que faltaba material importante de su periodo en el cargo.

De acuerdo con la Ley de Registros Presidenciales, los documentos de la Casa Blanca se consideran propiedad del gobierno de Estados Unidos y deben conservarse.

Un representante de Trump informó a los NARA en diciembre de 2021 que se habían encontrado registros presidenciales en Mar-a-Lago. En enero de 2022, los NARA recuperaron 15 cajas de documentos de la residencia de Trump en Florida, diciéndole posteriormente a funcionarios del Departamento de Justicia que contenían “mucho” material secreto.

Ese mayo, el FBI y el Departamento de Justicia emitieron una citación judicial para que se devolvieran los documentos clasificados restantes en posesión de Trump. Los investigadores que fueron a visitar la propiedad semanas después para recopilar los registros recibieron aproximadamente tres docenas de documentos y una declaración jurada de los abogados de Trump en la que aseveraban que la información solicitada había sido devuelta.

Pero esa afirmación resultó ser falsa. Con una orden de allanamiento, funcionarios federales regresaron a Mar-a-Lago en agosto de 2022 y confiscaron más de 33 cajas y contenedores con un total de 11.000 documentos de un almacen y una oficina, incluidos 100 documentos secretos.

En total, aproximadamente 300 documentos con marcas de confidencialidad —incluidos algunos a nivel ultrasecreto— se han recuperado de manos de Trump desde que dejó el cargo en enero de 2021.

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¿CÓMO SE INVOLUCRÓ UN FISCAL ESPECIAL?

El año pasado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, seleccionó a Jack Smith —un fiscal veterano de crímenes de guerra con experiencia en investigaciones de corrupción pública— para dirigir las investigaciones sobre la presencia de documentos confidenciales en la mansión de Trump en Florida, así como aspectos clave de una investigación separada que involucra la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal y los intentos de anular el resultado de las elecciones de 2020.

El nombramiento de Smith fue un reconocimiento por parte de Garland de la política involucrada en la investigación de un expresidente y actual candidato a la Casa Blanca. Garland mismo fue seleccionado por el presidente demócrata Joe Biden, de quien Trump intenta ser el contrincante en los comicios de 2024.

Los fiscales especiales se designan en casos en que el Departamento de Justicia se percibe a sí mismo en conflicto de interés, o cuando se considera de interés público que alguien externo al gobierno entre y asuma la responsabilidad de un asunto.

De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales, un fiscal especial debe tener “una reputación de integridad y toma de decisiones imparciales”, así como “una comprensión cabal de las leyes penales y las políticas del Departamento de Justicia”.

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¿NO TENÍAN BIDEN Y EL EXVICEPRESIDENTE MIKE PENCE DOCUMENTOS CLASIFICADOS TAMBIÉN?

Sí, pero las circunstancias de sus casos son muy distintas de las que involucran a Trump.

Después de que se encontraron documentos secretos en el centro de investigación Penn Biden Center del mandatario y en la casa de Pence en Indiana, sus abogados le notificaron a las autoridades y rápidamente se encargaron de que les fueran entregados. También autorizaron otras inspecciones por parte de las autoridades federales para buscar documentos adicionales.

No hay indicios de que ninguno de los dos supiera de la existencia de los documentos antes de que se encontraran, y hasta ahora no ha surgido evidencia de que Biden o Pence intentaran ocultar los descubrimientos. Eso es importante porque, históricamente, el Departamento de Justicia toma en cuenta la intencionalidad al decidir si presenta cargos penales.

Este año se nombró a un fiscal especial para investigar cómo materiales secretos fueron a parar a la casa y la antigua oficina de Biden en Delaware. Pero incluso si el Departamento de Justicia encontrara que el caso de Biden es sujeto de proceso con base en la evidencia, su Oficina de Asesoría Jurídica ha concluido que un presidente es inmune al enjuiciamiento durante su tiempo en el cargo.

En cuanto a Pence, el Departamento de Justicia le informó a su equipo jurídico este mes que no presentaría cargos penales en su contra por su manejo de los documentos.

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¿UNA IMPUTACIÓN FEDERAL LE IMPIDE A TRUMP POSTULARSE PARA PRESIDENTE?

No. Ni la acusación en sí ni una declaración de culpabilidad impedirían que Trump se postulara o ganara la presidencia en 2024.

Y como mostró el caso de Nueva York, históricamente los cargos penales han sido una bendición para su recaudación de fondos. La campaña anunció que había recaudado más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que se hizo pública esa acusación, lo que superó con creces su récord anterior después de que el FBI allanó Mar-a-Lago, el club de Trump.

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¿CÓMO REACCIONARON LOS RIVALES REPUBLICANOS DE TRUMP A LAS NOTICIAS?

Muchos de los que compiten con Trump por la nominación republicana saltaron en su defensa después de que se dio a conocer la noticia de la imputación.

Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal rival de Trump para la nominación de 2024, acusó al Departamento de Justicia de parcialidad política al encausar al expresidente.

“Convertir la aplicación de la ley federal en un arma representa una amenaza mortal para una sociedad libre”, tuiteó DeSantis. “Durante años hemos sido testigos de una aplicación desigual de la ley según la afiliación política”.

Cuestionó por qué el Departamento de Justicia había sido “tan diligente” al presentar cargos contra Trump y “tan pasivo” con respecto a perseguir a la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton o a Hunter Biden, hijo del mandatario.

Mientras hacía campaña en New Hampshire el viernes, el exvicepresidente Pence dijo que estaba “profundamente preocupado” al ver la imputación porque creía que dividiría aún más a la nación. También le pidió a Garland que diera a conocer la imputación lo antes posible.

“Debe dar la cara y explicarnos por qué esto fue necesario antes de que el sol se ponga hoy”, declaró Pence.

La embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, también condenó la imputación y dijo: “Así no es como se debería buscar la justicia en nuestro país”.

“El pueblo estadounidense está exhausto por la extralimitación de los fiscales, la aplicación de doble rasero y la política de venganza”, agregó el viernes. “Es hora de dejar atrás el drama y las distracciones interminables”.

El senador Tim Scott, de Carolina del Sur, dijo el jueves que sintió que las “balanzas (del sistema de justicia) están inclinadas” en función de la política. “En Estados Unidos, se presume que cada persona es inocente, no culpable”, declaró Scott en Fox News, y denunció “el convertir al Departamento de Justicia en un arma contra el expresidente”.

Vivek Ramaswamy, empresario de biotecnología y activista “antiwoke” (opuesto a la conciencia de cuestiones de desigualdad social), dijo que el caso federal formaba parte de “una afrenta a todos los ciudadanos”. Al reiterar sus comentarios de que indultaría a Trump, Ramaswamy calificó de “hipócrita que el Departamento de Justicia procese selectivamente a Trump pero no” a Biden por su caso de documentos secretos.

Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas que le pidió a Trump que se retirara de la contienda electoral después de que se presentaran los cargos en Nueva York, dijo que la imputación federal marcaba “un día triste para nuestro país” y “reafirma la necesidad de que Donald Trump respete el cargo y ponga fin a su campaña”.

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Meg Kinnard está en Twitter como: http://twitter.com/MegKinnardAP

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Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin, en Des Moines, Iowa, y Jonathan J. Cooper, en Phoenix, contribuyeron a este despacho.

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