MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
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"El Gobierno parece querer olvidar que hablamos de un sector público. Con una vaga redacción, hace recaer sobre las empresas que prestan los servicios la obligación de 'adoptar cuantas medidas resultasen necesarias' así como 'la introducción de las modificaciones en el domicilio' que se requieran 'para garantizar la protección más adecuada', lo que es inconcebible técnica, económica y operativamente, resultando de imposible cumplimiento", subrayan.
Así lo indican en un comunicado conjunto los representantes del sector: la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y Lares.
A su juicio, este real decreto, "lejos de solucionar problemas inexistentes, los crea, generando inseguridad jurídica para entidades, profesionales, familias y personas usuarias, haciendo colisionar derechos y poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de este".
En concreto, advierten de que en el texto se "mezcla la actividad de personas empleadas del hogar con el profesionalizado y de titularidad pública de la ayuda a domicilio".
"Creemos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social aprovecha la redacción de un RD de una actividad radicalmente diferente en fondo y forma para incorporar, vía una disposición adicional, un cambio profundo en el sector de los cuidados a las personas más vulnerables, personas que necesitan de las atenciones de los profesionales del sector para poder afrontar actividades básicas de su vida diaria: aseo, vestido, alimentación o asistencia personal", añaden.
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Ante esta situación, las patronales piden "una adecuada ponderación de los derechos laborales, sociales y de la propiedad", y reclaman "con rotundidad" que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta cuando se legisla en aspectos centrales de la prestación de los cuidados y "que el Gobierno evite su reiterado intervencionismo e invasión del ámbito de la negociación colectiva".
Para finalizar, y tras manifestar su "compromiso absoluto" por la protección de todos los derechos de los trabajadores del sector de los cuidados y en concreto con los relativos a la seguridad y salud en el trabajo, exigen que cualquier medida que afecte al sector venga acompañada de un "análisis de viabilidad y de una adecuada dotación presupuestaria".
De esta forma, según indican, se permitiría "la modificación de los contratos que rigen dicha prestación de cuidados mediante una necesaria y justa actualización de precios de los mismos, derogando de manera inmediata la Ley de Desindexación de Precios que rige en los contratos del sector público".