SEÚL, Corea del Sur (AP) — El líder interino de Corea del Sur aceptó el viernes la renuncia del jefe del servicio de seguridad presidencial, Park Jong-joon, quien enfrentó un interrogatorio policial acerca de cómo sus fuerzas impidieron los esfuerzos de las autoridades para detener al presidente destituido, Yoon Suk Yeol, la semana pasada.
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El líder interino, el viceprimer ministro Choi Sang-mok, también expresó su pesar por los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el servicio de seguridad presidencial, y pidió a los legisladores que lleguen a un acuerdo bipartidista para iniciar una investigación independiente.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios y la policía planean un segundo intento para detener a Yoon mientras investigan conjuntamente si su breve declaración de ley marcial del 3 de diciembre constituyó un intento de rebelión. El servicio de seguridad presidencial bloqueó un intento previo de arresto en la residencia oficial del mandatario, de la cual no ha salido en semanas.
Hasta el momento se ignora cómo la renuncia de Park y el llamado de Choi para que una investigación independiente tome el control de la investigación sobre Yoon afectarán a los esfuerzos para detener al exmandatario.
“El gobierno ha deliberado para encontrar una solución sensata, pero desafortunadamente, dentro de nuestro marco legal actual, es difícil encontrar una resolución clara para poner fin al conflicto entre las dos agencias”, indicó Choi con respecto a las tensiones entre la oficina anticorrupción y el servicio de seguridad presidencial.
“Instamos al partido gobernante y a la oposición a trabajar juntos para acordar un proyecto de ley que ponga en marcha una investigación de un fiscal especial que esté libre de trabas constitucionales. Esto resolverá de forma natural el intenso enfrentamiento en curso”.
El principal partido de oposición, el liberal Partido Democrático, acusó a Choi de legitimar la negativa de Yoon a acatar una orden judicial bajo la apariencia de neutralidad.
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“Equivale a una declaración pública de apoyo al líder de una rebelión”, dijo Noh Jong-myun, legislador y portavoz del partido.
Los demócratas y otros partidos de oposición presentaron el jueves un proyecto de ley donde se pide una investigación independiente sobre las acusaciones de rebelión contra Yoon.
Una iniciativa opositora previa que proponía una investigación independiente fue desechada después de que los miembros del partido conservador de Yoon se opusieran a una cláusula que permitía que únicamente la oposición recomendase candidatos a fiscal especial.
Los conservadores tampoco respaldan la nueva propuesta, que plantea que el presidente del Tribunal Supremo recomiende dos candidatos a Yoon, quien luego seleccionaría a uno como fiscal especial. Si Yoon se niega a nombrar a alguien, el candidato de mayor edad asumiría automáticamente el cargo, según el texto.
Park había ignorado dos citaciones previas antes de presentarse a declarar el viernes sobre las acusaciones de obstrucción a la justicia, una semana después de que sus fuerzas expulsaran a docenas de investigadores anticorrupción y de la policía de la residencia oficial de Yoon. El funcionario indicó que su deber es proteger al mandatario y advirtió sobre un “derramamiento de sangre”, mientras los críticos afirman que su departamento se está convirtiendo en el ejército privado de Yoon.
El asediado mandatario, sobre quien pesa un proceso de juicio político, permanece atrincherado en su residencia oficial en Seúl, donde el servicio de seguridad presidencial ha fortificado el recinto con alambre de púas y filas de vehículos bloqueando las carreteras.
Yoon hizo una fugaz declaración de ley marcial y desplegó tropas para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre, pero la medida duró apenas unas horas. Los legisladores lograron superar el cerco y votaron de forma unánime a favor de anular el decreto.
Sus poderes presidenciales fueron suspendidos cuando la Asamblea, dominada por la oposición, votó para destituirlo el 14 de diciembre y lo acusó de rebelión. Su suerte depende ahora del Tribunal Constitucional, que ha comenzado a deliberar sobre si retira formalmente a Yoon del cargo o rechaza los cargos y lo restituye.
Un tribunal de Seúl emitió el martes una nueva orden de arresto para que la agencia anticurrupción detenga a Yoon tras la expiración de la orden anterior, con vigencia de una semana. Ni la agencia ni la policía han revelado públicamente el periodo de validez de la nueva orden.
Hablando con reporteros a su llegada al interrogatorio, Park volvió a criticar el operativo para arrestar a Yoon, diciendo que la investigación debería proceder de una manera “apropiada para el estatus de un presidente en funciones” y la “dignidad de la nación”.
“Seguramente, muchos ciudadanos están profundamente preocupados por el posible conflicto y enfrentamiento entre agencias gubernamentales”, manifestó. “Llegué aquí hoy con la creencia de que, en ninguna circunstancia, debería haber enfrentamientos físicos o derramamiento de sangre, y espero evitar que ocurran esos incidentes”.
Park afirmó también que hizo varias llamadas a Choi para pedir su mediación en un enfoque alternativo con las autoridades y lanzó pedidos similares a los abogados de Yoon, pero no recibió una respuesta satisfactoria. La agencia anticorrupción también criticó a Choi por rehusarse a instruir al servicio de seguridad presidencial a cooperar con la ejecución de la orden de arresto.
Aunque la ley de seguridad presidencial contempla que se proteja a Yoon, no autoriza que el servicio impida detenciones ordenadas por el tribunal, y algunos expertos legales sostienen que la actuación de la agencia la semana pasada pudo haber sido ilegal.
Cuando se le preguntó en el parlamento sobre el esfuerzo del servicio de seguridad presidencial para bloquear la detención, el jefe de la Administración Nacional de Tribunales, Cheon Dae-yeop, dijo el viernes que “la resistencia sin una razón legítima puede constituir un delito, como la obstrucción de funciones oficiales”.
Aunque el presidente mismo tiene una amplia inmunidad frente a procesamientos mientras está en el cargo, eso no se extiende a las acusaciones de rebelión o traición.
Los abogados de Yoon han cuestionado la legitimidad de la nueva orden de detención en su contra emitida por el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl, argumentando que la agencia anticorrupción carece de autoridad legal para investigar cargos de rebelión u ordenar a la policía que detenga a sospechosos.
También afirman que las órdenes de detención y registro contra Yoon no pueden ser ejecutadas en su residencia, citando una ley que protege las ubicaciones potencialmente vinculadas a secretos militares contra registros sin el consentimiento de la persona a cargo, que sería Yoon.
Los abogados de Yoon han instado a la agencia a que acuse formalmente al presidente o a que busque una orden de arresto formal, un proceso que requiere una audiencia judicial. Sin embargo, han dicho que Yoon solo cumpliría con una orden de arresto emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que maneja la mayoría de las solicitudes clave en casos de alto perfil.
Acusan a la agencia de elegir deliberadamente otro tribunal con un juez supuestamente favorable, aunque la residencia oficial está ubicada en la jurisdicción del Tribunal del Distrito Occidental.
Hay preocupaciones en Seúl de que la parálisis política provocada por el decreto de ley marcial de Yoon y su juicio político podrían poner al país en desventaja para obtener una posición estable frente Donald Trump ante su regreso a la Casa Blanca.
La oficina de Yoon confirmó el viernes un informe de los medios, según el cual se reunió el 14 de diciembre, poco después de su juicio político, con Matt Schlapp, el jefe de la Unión Conservadora Estadounidense y aliado de Trump, para conversar sobre la situación política en Corea del Sur.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
